En Colombia no habrá paz mientras el narcotráfico sea el patrocinador de los grupos armados y lideres políticos

Históricamente, se ha creído que la fuerza y la presión son las herramientas adecuadas para obligar a los grupos armados a abandonar sus actividades violentas y entrar en negociaciones de paz; esta perspectiva se basa en la premisa de que al enfrentarse a un poderío militar abrumador, los guerrilleros y otros actores armados no tendrán más opción que rendirse, no obstante, esta visión simplista no toma en cuenta la complejidad del conflicto colombiano y las diversas motivaciones de los combatientes.

Los grupos armados, independientemente de cómo se llamen, operan en complicidad con el narcotráfico, esta relación perversa fortalece su capacidad de resistencia y les proporciona los recursos necesarios para continuar con sus actividades ilícitas.

Por otra parte, políticos regionales que se benefician de los ingresos del narcotráfico tienden a proteger a estos grupos, lo que dificulta cualquier esfuerzo gubernamental para desarticularlos mediante el uso de la fuerza.

Las organizaciones criminales no operan en el vacío, cuentan con redes de apoyo que incluyen bandas que operan en diferentes sectores de las ciudades y políticos regionales y actores económicos interesados en mantener el negocio de la droga. Esta colaboración les proporciona recursos y refugio, haciendo que las medidas coercitivas no sean suficientes para disuadir su actividad.

La noción de paz total en Colombia está en crisis, mientras que algunos atribuyen el fracaso a la desmotivación de las fuerzas armadas; es evidente que la raíz del problema es más profunda.

La capacidad de los grupos armados para adaptarse y sobrevivir, su integración con el narcotráfico, y la falta de voluntad para abandonar la violencia son factores cruciales que deben ser abordados, por ello, es necesario combinar la presión militar con iniciativas de desarrollo social, la reintegración de excombatientes y la lucha contra las redes de apoyo político y económico que sostienen a los grupos armados.

La oposición aprovecha la violencia y la inseguridad en las calles para aplaudir y hacer política en nombre de la paz, critican al gobierno nacional y sugieren un retorno a la seguridad democrática, que en gobiernos pasados resultó ser un error, ya que incrementó la violencia injustificada, masacres, desplazamientos, falsos positivos etc. Este enfoque no aborda las raíces del problema, en lugar de ofrecer soluciones, perpetúa el ciclo de violencia.

Las fuerzas armadas no son para matar colombianos, ellas están para defender la soberanía de la injerencia extranjera; desafortunadamente muchos generales presionados por los gobiernos pasados los politizaron y les tocó asumir un rol político y violento debido a la cooptación del poder judicial y la policía nacional. Todo lo anterior a favor de una gran estructura inmune, que beneficia a sus principales lideres de su partido político, narcotraficantes, empresarios, y medios de comunicación, y son esos mismos que no les gusta la paz y esperan que vuelva la sangre a los pueblos y a las calles de las ciudades.

El miedo, desplazamientos y masacres, recientemente es un indicador de quienes son los verdaderos autores intelectuales de estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

En el Catatumbo, el Cauca, Chocó, sur de bolívar, etc., las guerrillas nada revolucionarias son traquetos que utilizan los mismos métodos de intimidación de sus aliados; el clan del golfo.

Sin embargo, no son otra cosa que instrumentos financiados por la CIA, respaldados por la dirigencia política en las regiones, cimentada en el poder con el narcotráfico por décadas y que ven a Colombia como su finca, para controlar al ciudadano que quiere vivir en paz y dignamente.

No olvidemos que el gobierno actual no negocia con revolucionarios si no con delincuentes, lavaperros de empresarios y narcos políticos influyentes de la violencia y la corrupción. Muy pronto estos grupos pasaran a la lista de terroristas internacionales.

Por. Edvards Mercado

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