Las narrativas en contra de la justicia

Para cierto actor político no existe ley, sino para los demás, por eso busca deslegitimarla solo por intereses políticos.

Al hacer declaraciones públicas que sugieren motivaciones políticas detrás del fallo, la defensa no solo afecta la percepción pública de la justicia, sino que también debilita su propia posición legal al carecer de pruebas concretas que respalden tales afirmaciones.

La defensa técnica debió esperar para presentar su escrito y no adelantarse como sucedió.  De haberlo hecho, habría evitado cometer más errores que pesaron en su contra. Además, no debió alardear de su gallardía, ni poner en entredicho la decisión judicial, insinuando ante la ciudadanía que fue una decisión política y no jurídica por parte de la Jueza.

Esta estrategia, lejos de contribuir a la transparencia o a tener argumentos jurídicos profundos, siembra desconfianza entre la ciudadanía y fractura los consensos fundamentales que sostienen la vida democrática. Esta táctica no es nueva y tiene raíces en distintas épocas de la historia, donde los sistemas de justicia han sido puestos en duda y deslegitimados por diversas razones, tanto internas como externas, para moldear la sociedad y la política a través del conflicto.

La justicia colombiana ha enfrentado episodios de manipulación y corrupción documentados.

El caso conocido como la Yidis Política, en el año 2006, el presidente de la república en esa época sobornó al congreso para que aprobara un articulito y violara la constitución para hacerse reelegir el hoy condenado en la cárcel del Ubérrimo; las amenazas permanentes a jueces durante todo su gobierno, hoy algunos todavía en el exilio.

Estas narrativas conllevan a romper la legitimidad de la justicia, como se viene presentando de manera sistemática en Colombia.

La falacia argumentativa presentada por este actor político se vale de su capital simbólico y su presencia mediática, articula un discurso diseñado para distraer y confundir a la opinión pública, se autoproclama como adalid de la verdad y la justicia, señalando supuestas conspiraciones en su contra; sin embargo, detrás de la retórica se esconde una intención clara: mantener su propuesta, eliminar o subordinar a las cortes y tribunales para evitar ser juzgado por las innumerables denuncias que pesan sobre su pasado, con la esperanza de que, una vez recuperen el poder, llegar a la cooptación de la libertad judicial para actuar con total impunidad.

Se percibe una especie de narrativa dominante o intento deliberado de provocar violencia para capitalizar un discurso que desacredite a los jueces y deslegitime a la justicia, señalándola de estar politizada para ocultar verdades consideradas inconcebibles, y así, reforzar una agenda política para alterar el equilibrio democrático y la confianza en las instituciones.

Las narrativas en contra de la justicia representan una amenaza real para la estabilidad democrática y el respeto al Estado de derecho. Debemos rechazar los intentos de instrumentalizar la desconfianza como herramienta política, y en su lugar, apostar por una cultura de legalidad basada en el respeto, la transparencia y la responsabilidad. Solo así podremos garantizar que la justicia siga siendo un pilar fundamental para la convivencia pacífica, la protección de los derechos y la construcción de un futuro más justo y equitativo para todas las personas.

Esta falacia argumentativa es peligrosa, pues apela a las emociones colectivas y aprovecha el desencanto ciudadano contra la política tradicional.

Ante estas narrativas, es esencial fomentar el pensamiento crítico y el respeto por los procesos judiciales, salvaguardando así la integridad de la justicia y el futuro de la democracia. Mediante procesos de información y educación por parte de los medios de comunicación y fortalecerlos en escuelas y colegios, junto a organizaciones cívicas y sociales para promover y defender la transparencia judicial.

Por: Edvards Mercado

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